Reformas del mercado laboral Política de oferta
El trabajo está incluido en la Lista Concurrente de la Constitución. Por lo tanto, tanto el Parlamento como las legislaturas estatales pueden promulgar leyes que regulen el trabajo. El gobierno central ha declarado que existen más de 100 leyes estatales y 40 centrales que regulan diversos aspectos del trabajo, como la resolución de conflictos laborales, las condiciones de trabajo, la seguridad social y los salarios[1]. La Segunda Comisión Nacional de Trabajo (2002) (NCL) consideró que la legislación existente era compleja, con disposiciones arcaicas y definiciones incoherentes[2]. [2] Para facilitar el cumplimiento y garantizar la uniformidad de la legislación laboral, la NCL recomendó la consolidación de las leyes laborales centrales en grupos más amplios como (i) relaciones laborales, (ii) salarios, (iii) seguridad social, (iv) seguridad, y (v) bienestar y condiciones de trabajo.
En 2019, el Ministerio de Trabajo y Empleo presentó cuatro proyectos de ley sobre códigos laborales para consolidar 29 leyes centrales. Estos Códigos regulan: (i) Salarios, (ii) Relaciones Laborales, (iii) Seguridad Social, y (iv) Seguridad Ocupacional, Salud y Condiciones de Trabajo. Mientras que el Código de Salarios de 2019 ha sido aprobado por el Parlamento, los proyectos de ley sobre las otras tres áreas se remitieron al Comité Permanente de Trabajo. El Comité Permanente presentó sus informes sobre los tres proyectos de ley[3]. El Gobierno ha sustituido estos proyectos de ley por otros nuevos en septiembre de 2020. Esta nota analiza algunas de las cuestiones clave relacionadas con la legislación laboral y las disposiciones de los cuatro nuevos Códigos. Esta nota debe leerse junto con nuestras Notas Legislativas sobre los cuatro Códigos y la nota sobre los tres nuevos proyectos de ley.
¿Cómo ha cambiado la población activa?
Participación en la población activa por edad
La tasa nacional de participación en la fuerza laboral para la población total de 16 años y más disminuyó del 64,4% en 2010 al 63,6% en 2019. A pesar de la caída general, la tasa de participación laboral subió en todos los grupos de edad de 2010 a 2019: De 16 a 19 años: del 37,7% al 39,9%.
¿Qué hicieron las reformas Hartz?
El último conjunto de reformas (Hartz IV), aplicado el 1 de enero de 2005, supuso una importante reestructuración del sistema de desempleo y asistencia social que redujo considerablemente la cuantía y la duración de las prestaciones de desempleo y las condicionó a normas más estrictas de búsqueda y aceptación de empleo.
Reforma del mercado laboral en japón para hacer frente a una población menguante y envejecida
Hace tiempo que se debaten cambios en las normas suecas de protección del empleo, y ahora se ha aprobado una propuesta de un año para revisar la Ley de Protección del Empleo (la EPA). Los cambios entrarán en vigor el 30 de junio de 2022 y se aplicarán por primera vez a partir del 1 de octubre de 2022. Las normas son optativas, de modo que las desviaciones de las mismas sólo podrán hacerse mediante convenios colectivos (CBA) celebrados por las partes centrales del mercado laboral. A continuación se resumen brevemente algunos de los principales cambios.
El requisito actual de “razones objetivas” para rescindir un contrato de trabajo se sustituirá por “razones objetivas”. El objetivo de la enmienda es aumentar la previsibilidad de cómo y cuándo un empresario puede rescindir un contrato de trabajo por motivos personales.
La enmienda también pretende aclarar que, en el caso de los despidos por motivos personales, la atención se centra en la gravedad del incumplimiento del contrato; no se tendrá en cuenta el interés personal del trabajador en seguir empleado. Tampoco debe hacerse ningún pronóstico sobre cómo puede comportarse el empleado en el futuro. Además, con arreglo a las nuevas normas, se considera que un empresario ha cumplido su obligación de recolocación con una sola oferta de recolocación, salvo que existan razones especiales que indiquen lo contrario.
Reformas del mercado laboral ib economics
RECONSTRUIR UNA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE LIMPIA, UNA RED ELÉCTRICA RENOVADA Y UNA BANDA ANCHA DE ALTA VELOCIDAD PARA TODOS LOS ESTADOUNIDENSESDemasiadas familias estadounidenses beben agua contaminada, carecen de acceso a una Internet asequible y de alta velocidad o sufren cortes de electricidad con demasiada frecuencia, todo ello mientras pagan más por esos servicios. El plan del Presidente Biden invierte en las infraestructuras necesarias para ofrecer por fin los servicios de agua, banda ancha y electricidad que los estadounidenses merecen. En concreto, su plan:Garantizará que el agua potable limpia y segura sea un derecho en todas las comunidades:En todo el país, las tuberías y las plantas de tratamiento están envejeciendo y el agua potable contaminada está poniendo en peligro la salud pública. Se calcula que entre seis y diez millones de hogares siguen recibiendo agua potable a través de tuberías y conducciones de plomo. Las inversiones del Presidente en la mejora de la infraestructura del agua y la sustitución de las tuberías de servicio de plomo crearán buenos puestos de trabajo, incluidos los puestos de trabajo sindicados y con salarios prevalecientes. El plan del Presidente Biden invierte 111.000 millones de dólares para:
Reenergizar la infraestructura eléctrica de Estados Unidos: Como demostraron los recientes apagones de Texas, nuestra anticuada red eléctrica necesita una modernización urgente. Según un estudio del Departamento de Energía, los apagones cuestan a la economía estadounidense hasta 70.000 millones de dólares anuales. El plan del Presidente creará una red más resistente, reducirá las facturas de energía para los estadounidenses de clase media, mejorará la calidad del aire y los resultados de salud pública, y creará buenos puestos de trabajo, con la opción de unirse a un sindicato, en el camino hacia el logro de un 100 por ciento de electricidad libre de carbono en 2035. El Presidente Biden pide al Congreso que invierta 100.000 millones de dólares para:
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El 20 de junio de 2022, el gobernador Pedro Pierluisi promulgó la Ley núm. 41-2022, que instituye cambios drásticos en las leyes laborales y de empleo en Puerto Rico y amplía los derechos laborales de los empleados del sector privado. Al hacerlo, el gobernador rechazó la posición de la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico de que el proyecto de ley es incompatible con el plan fiscal. La nueva ley pretende restaurar ciertos derechos que habían sido eliminados o reducidos por la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral de 2017 (“Reforma Laboral de 2017”) y, además, crear derechos adicionales para los trabajadores a tiempo parcial y los estudiantes. Es importante tener en cuenta que, a menos que un empleador califique como microempresa1 o como pequeña2 o mediana3 empresa, tiene 30 días para cumplir con la Ley.
El plazo de prescripción de las acciones derivadas de los contratos de trabajo, que se había reducido a un año tras la Reforma Laboral de 2017, pasa a ser de tres años. Además, cualquier disposición ambigua del contrato de trabajo, política o norma del empleador se interpretará ahora liberalmente a favor del empleado.